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El abuso del ICA

Juan David Escobar Cubides- Columnista.

El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) es una entidad prominente y representativa a nivel nacional, su contribución durante 55 años como institución reguladora del sistema agrario nacional es magistral, constituyéndose tal vez, como una de las entidades más efectivas del Estado Colombiano. No obstante, en la región del oriente antioqueño es todo lo contrario: una institución vagabunda y desvergonzada que no tiene desvelo para obrar oportunamente frente a la actividad económica de los pequeños y medianos floricultores que, utilizan sus cultivos para sus congruas subsistencias. Se ha vuelto común escuchar quejas, inquietudes y alaridos de los floricultores de la región por cuenta del descuido descomunal del ICA. Algunos de sus funcionarios son desatentos a la hora de atender el clamor de los pequeños y medianos productores, como si los mismos fuesen un cero a la izquierda.

Desconocen aquellos servidores de la entidad, que son los productores quienes contribuyen para el desarrollo de la región, generando empleos directos y condiciones laborales estables para campesinos que, a su vez, soportan la manutención de numerosas familias. La región del oriente de Antioquia, es próspera por la actividad agrícola de sus habitantes, por tanto, no es admisible bajo ninguna circunstancia que haya inoperancias en una entidad encargada de priorizar con las condiciones fundamentales para garantizarles bienestar a los pequeños y medianos floricultores de la región. Además, es de tener en cuenta que algunos campesinos ejercen de manera directa la actividad floricultora con pequeñas proporciones, donde encontramos numerosas familias que también dependen de ello para subsistir. En términos simples, la inoperancia del ICA, económicamente los revienta a todos. Principalmente, padeciendo mayores precariedades los segundos sobre los primeros, pues bien sabemos que las necesidades del campesino son mayores que las del pequeño o mediano productor. De igual manera, las preocupaciones son similares. Miremos…       

Primero.-  El término del ICA para certificar los cultivos en su funcionamiento es sumamente tardío. Aproximadamente de tres meses o un poco más se está retrasando la entidad para expedir un certificado que en 15 o 20 días podría emitirse. Entre tanto, los pequeños y medianos productores así como una proporción pequeña de campesinos, pierden significativas sumas de dinero, en la medida en que sin el certificado no pueden producir, enajenar o exportar sus productos florales. Adicionalmente, los floricultores ingresan los documentos exigidos por la entidad de manera oportuna y responsable, pero para el ICA no pareciera suficiente porque la inoperancia es abismal. Además, la visita requerida del agrónomo de la entidad al cultivo es morosa, como si les sobrara dinero o tiempo a los floricultores de la región. Por otra parte, el gerente regional, encargado de firmar y aprobar los certificados cada fin de año toma sus vacaciones, dejando trámites pendientes sin gestionar, hasta retomar su actividad laboral. ¡Una desvergüenza inmensa! 

¿Quién se cree el señor Juan Fernando Martínez López (Gerente Seccional del ICA en Antioquia) para jugar con el tiempo y las necesidades de los demás? ¿Qué clase de funcionario pretende ser? ¿Cómo es posible que tome sus vacaciones dejando de lado sus labores en la institución? En tanto, él disfruta descansando, en el Oriente los floricultores penando. ¡Imperdonable!

Segundo.-  Hemos conocido frente a un caso concreto como se han demorado en el ICA para expedir un certificado de funcionamiento para algún cultivo mediano. Aproximadamente tres meses llevan en ello luego de que los documentos fueron diligenciados por el productor de manera diligente y hasta tanto no se ha tramitado el asunto en la entidad. El floricultor que padece dicha situación ha dejado de percibir una suma equivalente a diez millones de pesos. Ahora bien, ¿Quién le responde a aquella persona por dicho detrimento financiero, producto de la negligencia de la entidad? ¿Es adecuado soportar dicha pérdida económica?  

Tercero.- Esta situación particularmente la padecen innumerables productores de la región, no obstante, estamos aterrizando el particular a un caso concreto que conocimos de primera mano. Pues no es tolerable que continúen abusando de las condiciones de los floricultores. Es importante recordarles, una vez más, que la mayoría de productores requieren de la actividad para la manutención de sus familias. La quiebra de un cultivo floral equivale a la ruina de una familia. ¿Comprenden la proporción de lo mencionado? ¿No les parece un bodrio lo ocurrido en la entidad?

Cuarto.- Es una realidad innegable que un cultivo pequeño puede perder mensualmente alrededor de tres millones de pesos como consecuencia directa de la demora del ICA para expedir los certificados. Y se pierde dicha suma de dinero porque así lo hemos conocido de primera mano con un productor de la región. Los gastos de los insumos para la preservación del cultivo, tales como abonos e incentivos son costosos. Infortunadamente, estos deben adquirirse para la fertilidad del mismo, y muchos son comprados con dinero que arroja la utilidad de producción del cultivo. De esta manera, si no se vende el producto floral porque el ICA no expide oportunamente un certificado, ¿Con qué dinero van a adquirir los agricultores los abonos necesarios para la conservación de sus cultivos? Ello también es una pérdida directa y una quiebra segura.

Llamado.-  Es menester que el ICA, reflexione sobre su accionar. La idea es hacer un llamado para que den trámite a la situación y eviten poner en riesgo el bienestar de infinidad de familias que dependen de la actividad floricultora. No es admisible jugar con las finanzas de los pequeños y medianos productores, ya que los mismos son un foco de prosperidad para esta región. Asimismo, es primordial que establezcan unas normas previas para que los productores conozcan los requisitos exigidos para el funcionamiento del cultivo con el fin de darle prontitud y celeridad al trámite. Además, es indispensable que constituyan en la sede de Llanogrande una oficina de atención para evitar desplazamientos hasta el corregimiento de Machado, Bello. La idea es mejorar la calidad en la atención y los trámites para que los productores cuenten con garantías de estabilidad. ¡La preocupación es enorme y hay que prestarle la atención que merece! 

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