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Diana García, habitante de la urbanización Santa Teresa, en Rionegro, pide que no se demuela la ampliación que hizo en su vivienda

Las gestiones que ha tenido que realizar la señora Diana García, propietaria de una vivienda bifamiliar en la urbanización Santa Teresa, etapa número dos, en el barrio El Porvenir, han sido muchas, puesto que, según ella, desde el año 2012 ha intentado legalizar la construcción de una mansarda para su vivienda, aduciendo que no solo ella ha querido hacer esta obra y que muchas de las propiedades del sector cuentan con estas ampliaciones. 

Para 2014, y después de no recibir respuesta por parte de la Administración de esa época, García y su familia comienzan la ampliación de su casa, para ese momento no contaba con los permiso de Planeación, pero que esta, al no haber dado respuesta, fue asumido como un silencio administrativo positivo, motivo por el que comenzaron la obra. 

Las quejas por la construcción comenzaron a llegar, por lo cual, para abril de 2015, Diana hace la solicitud, nuevamente, para legalizar la intervención a la vivienda, pero, asegura que dentro del proceso se han presentado diferentes irregularidades: “cuando uno solicita la licencia, ellos tienen dos meses para dar la respuesta, si a los dos meses no hay ninguna respuesta,  uno da por sentado que fue a favor. Resulta que ellos se demoraron cinco meses para darnos la respuesta, o sea que nos la dieron como en septiembre del 2015, pero como la persona que nos demanda trabaja dentro de la Administración y era muy cercana a la Administración y dentro de Planeación trabaja una cuñada del señor que nos demanda, entonces, qué hizo él con el acta de observación, la detuvieron allá como hasta el 28 diciembre del año 2015” asevera.

Desde el 2015 hasta la fecha, afirma García, ha tenido que realizar un derecho de petición y una tutela para evitar la demolición de su obra, además de presentar el caso ante el Concejo Municipal, lugar donde, uno de los ediles, solicita directamente al Secretario de Planeación, Guillermo Gómez, revise el caso detenidamente. 

La última orden de demolición está programada para el próximo 15 de febrero, por lo cual, García hace un llamado a todas la entidades encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos ciudadanos. “Un llamado, no solamente a la Administración Municipal, sino también a la Personería, a La Procuraduría, que cumplen unas funciones tan importantes en la defensa de los derechos de los ciudadanos, que también tomen cartas en el asunto y que se analice la situación, es que estamos hablando de toda una comunidad que está en una situación irregular y que algo muy grave que lo deja a uno defraudado como ciudadano” expresa.

“Aquí sentimos vulnerados nuestros derechos como ciudadanos. Uno no entiende cómo es posible que estén hablando de órdenes de demoliciones cuando hemos tenido toda la intención de legalizarla cuando uno ha buscado todos los medios y que nunca ellos han tomado como cartas en serio, de una manera responsable en el asunto, pero que para nosotros pagar el impuesto la construcción que tenemos ahorita sí hace parte, porque nosotros pagamos impuesto, fue actualizado el avalúo catastral y estamos pagando impuesto por la propiedad que hoy se dice que se va a demoler”, puntualiza García.

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