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El Concejal Robinsón Herrera Hurtado de Guarne ¿incumple Régimen de Inhabilidades?

Por: Óscar Castaño Valencia

Contexto de la Denuncia

El 5 de enero, dos ciudadanos del Municipio de Guarne, Paola Andrea Atheortua Arenas y Luis Alberto Herrera Álzate elevaron una “Queja disciplinaria” ante la Procuraduría Provincial del Oriente Antioqueño, “sobre servidor público por posibles infracciones sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de Ley”, lo hicieron amparados en el Numeral 5 del Artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y el Artículo 41 de la Ley 617 del 2000, en contra del Concejal Robinson de Jesús Herrera Hurtado, quién es Concejal elegido popularmente y Fiscal del Acueducto Veredal  ASUCOL, radicada con el número 005143 del 2018.

 Aunque la ley es clara en cuanto a que los concejales no pueden “ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio” y la sanción es la “pérdida de investidura” inmediata, hasta este momento, cinco meses después de haber sido enviado el documento, ningún ente de control se ha pronunciado en el caso.

 Más grave aún es que cuando el concejal fue alertado de la denuncia de los ciudadanos ante los entes de control, irrumpió en la Asamblea de ASUCOL para lanzar improperios en contra del Representante Legal de la Asociación, a quien acusó de: “Cochino, puerco, desgraciado, judío y judas”, porque él señor Luis Alberto Herrera Alzate, Representante Legal de la Asociación, es el denunciante del “honorable” concejal.

 Y la denuncia hecha contiene afirmaciones y pruebas que van más allá de lo disciplinario y requieren acción penal inmediata. El Concejal ha sido Presidente y Ponente de la Comisión que aprobó los subsidios a los acueductos veredales por parte de la municipalidad y ha recibido, como Fiscal del acueducto, honorarios millonarios de los recursos que ha aprobado como concejal.

 Valga decir que el concejal Herrera Hurtado no se ha declarado impedido, ni ha manifestado en las sesiones del concejo su conflicto de intereses cuando se tratan los temas financieros o sociales de los acueductos municipales, muy a pesar de que, por cinco años, ha recibido honorarios de uno de ellos, que suman 6.796.653 pesos.

Habla el Denunciante y Representante Legal de ASUCOL

 “Me he sentido atacado por el señor Concejal por haber, como Representante Legal de ASUCOL y cumpliendo con la decisión de la junta directiva, despedido al administrador Jairo Alberto Herrera Ospina con justa razón y protegido del concejal y quién, al mismo tiempo de ser administrador de tiempo completo del acueducto, tenía un contrato de prestación de servicios con AQUA TERRA, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne, lo que claramente iba en contravía de sus responsabilidades laborales con nosotros, pero que enfureció al concejal y fiscal de nuestro acueducto ”.

 La misma Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia frente al tema de las inhabilidades, diciendo: “También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

 En la descripción de los hechos, supremamente graves, se puede leer: “No existe pronunciamiento frente a los impedimentos del concejal Robinsón de Jesús Herrera Hurtado, en donde, por ética y transparencia, en primer lugar y, en segundo, para dar cumplimiento a su juramento al tomar posesión del cargo de respetar la Constitución, las Leyes y las Normas para ejercer su función como concejal. Por el contrario, se pisotean todos sus deberes y con su actuación mantiene la Asociación de Suscriptores del Acueducto el Colorado como su fortín político. Allí se hace lo que él diga y nada más, además de lucrarse de los recursos públicos que para él están prohibidos”.

Lo que dice el Concejal

El “Honorable” Concejal Robinsón Herrera en entrevista con este Periódico dijo: “En el momento no he sido notificado sobre denuncia alguna que exista en mi contra, por lo tanto, es ilógico referirme a algo de lo cual no tengo confirmación alguna por parte de la Procuraduría Provincial. Entonces no tengo mucho que agregar al tema”. Al preguntársele si al momento es el Fiscal del Acueducto ASUCOL, dijo: “En este momento no soy directivo de ese acueducto, fui en años anteriores”. El Concejal manifiesta que: “No participe en debates en el Consejo o Comisión, en los que se debatieron situaciones que tuvieran que ver con los acueductos y, por lo tanto, no me declaró impedido”.

 Cuando se le hizo la pregunta si había recibido pagos o honorarios de parte del acueducto ASUCOL su respuesta fue: “En el momento en el que yo fui fiscal no recibía pagos. Yo no tengo claridad de los honorarios, lo que, si es que por estatutos la junta directiva, incluido el fiscal, recibía un salario mínimo”.

Lo que dice un Exalcalde

 Alfredo Naranjo, ex alcalde de Guarne y defensor en el Departamento de Antioquia de los acueductos comunitarios, apoya las denuncias hechas en contra del Concejal Robinson Herrera y puntualiza: “El Concejal, como Presidente de la Comisión en la que se han tomado todas las decisiones en torno a los acueductos veredales y que ha percibido honorarios al ser fiscal de ASUCOL, debió declararse impedido para abordar los debates. Así lo exige la Ley y la ética pública que Robinson Herrera no acató. Las denuncias hechas a la Procuraduría Provincial contienen pruebas irrefutables y con las cuales debe haber sanciones disciplinarias de forma inmediata”

Esperemos que la Procuraduría Provincial y el nuevo Procurador, John Fredy Ospina Hernández -que ha sido un hombre diligente en sus diferentes cargos- tome las medidas preventivas necesarias para impedir que este tipo de situaciones se sigan dando. Aunque parezca sin importancia frente a los grandes sucesos de corrupción en el país y que aparecen todos los días en los noticieros, la Ley debe ser cumplida por todos los ciudadanos, sobre todo los que se han hecho elegir para representar los intereses de las comunidades.

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