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La inhumana liquidación del Gilberto Mejía Mejía

La inhumana liquidación del Gilberto Mejía Mejía

Quien fuera el Personero estudiantil y abanderado de la defensa de los derechos de la comunidad estudiantil del Instituto Josefina Muñoz González, resultó años después siendo el enterrador de uno de los Hospitales insignia del municipio epicentro del Oriente Antioqueño.

El Decreto 540 del 11 de septiembre de 2017, firmado por el Alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón dio la estocada final al proceso de reorganización de las Empresas Sociales del Estado, según la Alcaldía “después de evaluar las opciones planteadas en el estudio técnico realizado a los hospitales públicos”.

El acto administrativo que “suprime la Empresa Social del Estado Hospital Gilberto Mejía Mejía del municipio de Rionegro, entidad pública del orden municipal, se ordena su liquidación y otras disposiciones”, cayó como un baldado de agua fría entre los empleados y usuarios de la Entidad prestadora de servicios de salud local.

“No vamos a acabar con los Hospitales en Rionegro”

“No acabaremos con la infraestructura hospitalaria, daremos continuidad a los hospitales Gilberto Mejía Mejía y San Juan de Dios”, decía un documento plegable entregado por la Administración municipal a buena parte de la población rionegrera en 2016 cuando estaba en discusión el proyecto de Acuerdo que buscaba la autorización del Concejo de Rionegro para intervenir las Empresas Sociales del Estado.

En su momento esta información fue bien recibida por usuarios y líderes preocupados por la posibilidad de liquidar el Hospital que prestaba servicios de primer nivel. A la vez que recogieron no menos de 10 mil firmas con las cuales le expresaban al Alcalde su desacuerdo con tal iniciativa.

Fuimos engañados por el Alcalde, Andrés Julián se burló de la comunidad, especialmente de los menos favorecidos”, dijo Julián Salazar habitante de la Comuna Occidental y quien se mostró además sorprendido por el alcance de las decisiones amparado en unas facultades dadas por el Concejo.

 La arbitrariedad con los empleados y usuarios

El pasado jueves 14 de septiembre los 128 empleados del Hospital Gilberto Mejía, incluido el gerente nombrado después de un Concurso de Méritos fueron informados de la decisión de liquidar la Entidad, inmediatamente fueron notificados de la supresión de sus cargos y retirados de la institución.

Aunque la Administración municipal en un escueto comunicado de prensa dijo que “garantizará la prestación de los servicios de salud en condiciones de calidad, eficiencia e integridad para los rionegreros”, otra opinión tienen usuarios y ahora exempleados.

A la fecha no se han abierto agendas para atención primaria, no se han cumplido citas a pacientes de control, se ha colapsado la atención dado que están llegando usuarios que antes eran atendidos en el Hospital Regional, dijo Libardo Aristizábal usuario de la E.S.E.

Recordó el señor Aristizábal que según el Alcalde había dicho ante los medios sobre la continuidad del servicio y además reiteró: “Les aseguro que no vamos a hacer algo que perjudique a los ciudadanos, por el contrario, esta decisión la tomaremos en rigor y para el beneficio de todos

A juicio de este adulto mayor, “ni la secretaría de Salud ni el Alcalde habían previsto un plan de contingencia que evitara el desorden y mala atención a los usuarios. Volvieron a mentir, esta administración es indolente con la salud y necesidades de los más pobres”.

Las reacciones en redes sociales y en la calle no se hicieron esperar, usuarios recordaron datos como que “las 81 personas que a diario se atendían en citas médicas generales (sin contar algunos programas de primer nivel). Se dispensaban más de 250 fórmulas diarias para controlar, prevenir y curar la enfermedad un promedio de 6800 a 7000 fórmulas en el mes”. Esta anterior realidad dista de lo que a partir del 15 de septiembre se viene dando en lo que hoy es denominado Hospital San Juan de Dios, sede Gilberto Mejía Mejía.

Contrasta la soledad al interior de la edificación en los programas de promoción y prevención con las filas que aguantan usuarios en el servicio de urgencias, pacientes que esperan impotentes a que se dignifique y humanice la atención. Adultos mayores y personas con movilidad reducida fueron una víctima más de la indolencia de la Administración municipal.

 Un testimonio

Natalia Ramírez, una usuaria en estado de embarazo grabó un video que se replicó rápidamente en las redes sociales, ella es la clara muestra de lo que actualmente viven personas en alto riesgo. “no me están atendiendo, no me dan una cita para ecografía ni exámenes”, esto pone al descubierto que no hay respuesta satisfactoria por parte del personal que asumió la operación del primer nivel.

Contrasta lo anterior con lo dicho por la Personería de Rionegro que en un comunicado de prensa advirtió la normalidad en los servicios. Una rápida inspección que no vio el fondo de la problemática, en cambio solo pidió respeto por los derechos laborales de los empleados al agente liquidador de la entidad prestadora de salud.

 Un permiso para reorganizar, no para liquidar

Según lo aprobado en el Acuerdo municipal que dio vía libre para “reorganizar las Empresas Sociales del Estado ESE’s, previos estudios técnicos”, se habría actuado a espaldas del Concejo, según el Decreto lo anunciado terminó siendo la supresión o liquidación del Hospital de primer nivel. “El Alcalde se extralimitó en sus facultades y deberá responder por esta arbitrariedad que raya con lo dictatorial”, dijo a este medio un miembro de la liga de usuarios de esta Entidad que pidió reserva de su nombre.

Para Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia –ASMEDAS-, la decisión no fue la adecuada, una inversión de $1.200 millones era lo que requería el Hospital para salir avante, “además, en la absorción, el Alcalde no tendría que invertir más de $5 mil millones en el proceso liquidatorio, sino que hubiera destinado esos recursos para mejorar la situación financiera de ambos hospitales”.

 Se anuncian demandas y movilización ciudadana

Exempleados consideran la posibilidad de exigir sus derechos laborales mediante acciones de tutela, solicitud de revocatoria del acto administrativo, reconocimiento de garantías prestacionales y pensionales, entre otras las acciones que actualmente adelantan.

Por su parte líderes y gremios han convocado a la movilización ciudadana, a pronunciarse en contra de medidas impopulares como la liquidación de Hospital, al igual que otros no menos graves como la enajenación de la Empresa de Servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, la amenaza de demolición de viviendas a población vulnerable, el aumento en el impuesto predial, el desalojo del que podrían ser objeto comerciantes de las plazas de mercado, el incumplimiento con los compromisos adquiridos con la población adulto mayor, la llegada de un operador de aseo foráneo y de una empresa dedicada a arrebatarle el reciclaje a las Entidades Asociativas locales, han despertado la solidaridad colectiva y la invitación a manifestarlo.

 

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