Elección de Personera de Rionegro, un oscuro proceso

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La elección irregular de Personera en Rionegro, tiene su origen en la creencia errada de algunos políticos de tener la “sartén por el mango”, entendido como si desde la Presidencia del Concejo se pudieran manipular las normas legales y orientar un proceso contratando a una entidad que se preste para que en un concurso abierto de méritos gane la persona de sus preferencias, o afín con sus intenciones de poder.

El Artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, señala que los empleos a los que no se le haya indicado un sistema de nombramiento, serán cubiertos por concurso, por esa razón, la Ley 1551 de 2012, determinó la forma de proveer el cargo de Personero municipal, siendo contemplados en el Decreto 1083 de 2015, los requisitos mínimos que deben observarse por los Concejos municipales para proveer este importante cargo en el orden municipal.

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La Personería Municipal es el órgano de control que tiene el compromiso de la defensa y promoción de los derechos humanos, la protección del interés general y la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, de allí la importancia de que su nombramiento no tenga ninguna mancha que le impida cumplir con los nobles propósitos con que ha sido concebido este cargo, desde la misma época de la conquista.

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En efecto, como lo señala el tratadista Alfredo Manrique Reyes, “Son cerca de 500 años de historia de esta institución que ha estado siempre orientada de acuerdo a las características de cada época, a asegurar el respeto de las reglas de juego de la democracia, la vigencia del respeto de la dignidad humana y la lucha contra la corrupción. De hecho, en el 2032, se conmemoran los 500 años de la creación de la primera Personería municipal en la ciudad de Santa Marta”.

Es lamentable que a pesar de su importancia misional y de su presencia en  la historia institucional del país, la Personería municipal es hoy una institución sin el reconocimiento social y político necesario para una entidad que es pieza maestra de la democracia por las tareas que debe cumplir en materia de defensa, protección y promoción de los derechos humanos y como garante de la moralidad pública, no solo en el actuar de los servidores públicos, sino de todos los ciudadanos y de sus organizaciones.

De la elección anterior de Personero, efectuada en los inicios del año 2016, se trae un claro precedente para el municipio de Rionegro, el reproche o juicio penal y disciplinario que enfrentan 14 Concejales que participaron de esa cuestionada elección, con audiencia preparatoria del juicio oral  programada para el 18 de marzo de 2020, precisamente a escasos días del vencimiento del periodo de elección del Personero municipal.

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En caso de que los Concejales acusados resulten culpables de los delitos contra la administración pública que se les señala, no podrán ser reemplazados, por lo que el Concejo municipal se reduciría considerablemente y pasaría de 17 a 12 concejales.

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Así mismo, el actual gabinete municipal sufriría serias modificaciones, en consideración a que varios de los concejales investigados ocupan cargos directivos dentro de la actual administración.

Mal comienzo

En noviembre de 2019, el Presidente del Concejo, señor Alfredo Ospina, elegido por el Centro Democrático, inició las gestiones para la realización del Concurso de Méritos para la elección del Personero municipal, en su momento la mayoría de los concejales de ese periodo iniciaron batallas jurídicas en defensa de la “legalidad”, presentando varias tutelas que fueron rechazadas por los jueces al considerarlas improcedentes; con el propósito de responder a una tutela, el entonces Presidente suscribió el 15 de noviembre de 2019,  contrato sin reserva presupuestal con una institución de Cartagena, que no había presentado propuesta para la realización del concurso, descartando universidades como la de Antioquia y la de Medellín, que sí presentaron cotización para la realización del mismo, instituciones que acreditan la idoneidad ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la realización de concursos para la provisión del empleo público en Colombia.

Con el contrato firmado con la Corporación Universitaria de Nariño, Sede Cartagena, se inició el 02 de diciembre del año anterior, el  tormentoso e irregular camino para la elección de Personero, al que se inscribieron 62 aspirantes, de los cuales fueron admitidos 58, los mismos que presentaron exámenes que solo ganaron dos participantes, lo que claramente pone en evidencia la objetividad de las pruebas, una vez que a este concurso se presentaron aspirantes que obtuvieron altos puntajes en diferentes concursos para la elección de Personeros y que pasarán a ocupar esta dignidad en varios municipios de Antioquia.

En el desarrollo del concurso y en la presentación del examen se presentaron diferentes errores e irregularidades que llevaron a varios de los aspirantes a concluir que se sentían utilizados en la legitimación de un proceso que aparentemente tenía unos posibles beneficiarios, la prueba se realizó en dos aulas prestadas por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en ambos salones se aplicaron  reglas diferentes en el desarrollo del examen, los representantes de la Corporación Universitaria se extralimitaron con varios de los participantes, se generó una seria duda entre los participantes una vez que la institución publicó una guía que contenía las reglas para las pruebas y aplicó una prueba y un número de preguntas que no coincidían con lo que fue publicado en la guía.

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El proceso de elección finaliza con una extraña decisión, en la que nueve Concejales votaron en blanco, siete concejales votaron por la elección de la Personera y un Concejal estuvo ausente.

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Este hecho sin precedente en la elección de personeros en Colombia, debe interpretarse en los términos de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia, como una elección no ajustada a los procedimientos y a las mayorías establecidos en los Artículos 145, 146 y 148 de la Constitución, el Artículo 30 de la Ley 136 de 1994 y los Artículos  23 y 70 del Acuerdo Municipal 097 de 2003, que establece el Reglamento Interno del Concejo municipal de Rionegro, en lo que se concluye necesariamente que no existe elección, ya que para que la misma se materialice, la aspirante al cargo debía sumar 9 votos, los cuales corresponden a la mitad más uno de los asistentes a la sesión prevista para la elección. En consecuencia, se deberá convocar un nuevo concurso y realizar una nueva elección con las correspondientes implicaciones judiciales para quienes dieron inicio al trámite del proceso con las irregularidades que en forma reiterada se ha denunciado.

Irregularidades

Desde el inició de la convocatoria se advirtió por algunos participantes que la misma se encuentra viciada de nulidad,  se resaltan algunas de las principales irregularidades: 1) La convocatoria no fue suscrita por todos los miembros de la Mesa directiva, en contravía de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 136 de 1994; 2) Se vulnera el principio de publicidad, una vez que el Artículo 7 de la convocatoria, ordena publicar expresamente la convocatoria en los  medios que señalan, medios de publicación que sin justificación alguna se evaden en el cronograma (aviso en periódico de amplia circulación y página web oficial del municipio de Rionegro); 3) No se respetó el término de ley para las inscripciones señalado en el Decreto 1083 de 2015, en donde se establece en favor de los participantes un término objetivo de cinco días; 4) No se cumplió el término previsto en el Decreto Ley 760 de 2005, que establece en favor de los participantes un término objetivo de cinco días para las reclamaciones; 5) En forma inexplicable se obvió la respuesta a algunas reclamaciones oportunamente presentadas; 6) La entidad contratada no es idónea, prueba de ello, son los reiterados errores en el trámite del concurso y las normas contradictorias que aparecen publicadas en desarrollo del concurso; 7) La entidad que desarrolla el concurso no tiene acreditación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización de concursos públicos de méritos para acceder al empleo público en Colombia.

En una interpretación de conveniencia para el momento político, con el propósito de evadir presuntamente la responsabilidad por una elección irregular, el Concejo realizó una elección inusual que no fue aplicada en elecciones anteriores de Personero, ni en la última elección de Secretario general del Concejo, en la que se aplicó el voto secreto para la elección. Una decisión de esta trascendencia, debe estar de cara a la ciudadanía, en razón de que las funciones del Personero están íntimamente ligadas con la defensa de los intereses más preciados, los de la “gente de carne y hueso”, lo cual por mandato constitucional y legal corresponde a las funciones del Personero, decisión que por imperativo ético debe estar distante de una decisión política o de conveniencia partidista.

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Con el mecanismo del voto secreto, la Corporación pretendió evadir las responsabilidades por una elección irregular

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No obstante, como la sombra que persigue al cuerpo, enfrentará esta institución en los próximos días, la responsabilidad relacionada con la posesión, una vez que la Ley 136 de 1994, señala que es en primera instancia el Concejo el que debe dar posesión al Personero municipal, estableciendo la ley serias responsabilidades a quien dé posesión a los funcionarios sin el cumplimento de los requisitos que se señalan para acceder a los cargos públicos en Colombia.

 

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