Investigación – ¿Qué son las PCH´s e impacto ambiental?

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Puede definirse a una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) como una central de generación hidroeléctrica donde se aprovecha la energía potencial y cinética de pequeños flujos de agua, que al pasar por el conjunto turbogenerador transforma la energía mecánica en eléctrica, generando poco impacto ambiental, ya que en la mayoría de los casos no posee represas y tiene captación de agua de filo.

Antioquia tomó la decisión apoyar e impulsar las PCH´s con una capacidad menor a 20 MW, esto como una forma de diversificar los ingresos del Departamento. Basados en la riqueza hídrica que posee la región con representación del 33 % de la producción nacional de energía, las subregiones del Norte y el Oriente son las que más representan potencial de generación eléctrica, por tal motivo. La mayoría de PCH´s se encuentran ubicadas en estas zonas, al igual que las solicitudes para realizar estos proyectos.

En la actualidad Antioquia aporta el 50 % de las PCH´s del país, donde el empresario de la región ha tenido la visión para aprovechar las condiciones ambientales favorables y los incentivos entregados por parte del Estado.

¿Qué permite la Ley?

Según la normatividad, en la ley 697 de 2001 se define a los pequeños aprovechamientos hidroenergéticos, como “la energía potencial de un caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10 MW”. Mientras que la ley 1715 de 2014 menciona a la energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, como la “energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía no renovable se basa en los cuerpos de agua a pequeña escala”. 

Por lo anterior, en la actualidad, se vienen presentado varias solicitudes por empresas privadas y públicas para el desarrollo de PCH´s en el territorio del Oriente Antioqueño y el Gobierno Nacional recientemente renovó la Ley 1715 con la Ley 2099 de julio 2021. 

Tres proyectos mantienen el debate para la edificación y producción de energía eléctrica, (PCH) Guadualito, entre el Santuario y Cocorná; Churimo, en San Rafael; y Aures II, en Sonsón. La primera apenas tramita su diagnóstico ambiental de alternativas, la segunda ya avanza en su estudio de licenciamiento y la tercera fue archivada por Cornare, pero su proponente interpuso un recurso para que se revise de nuevo esa decisión.

En el Artículo 12 de la Ley 2099 determina que, “la exclusión del impuesto a las ventas – IVA en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de proyectos de generación y gestión eficiente de la energía. Para fomentar la gestión eficiente de energía, los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la reinversión e inversión, incluyendo los equipos de medición”.

Para tal efecto, la inversión y exoneración de impuestos deberá ser evaluada y certificada como proyecto de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía que no superen los 10 MW.  

PCH´s en el Oriente 

Desde la década de los setentas, el Oriente Antioqueño se convierte en un referente energético con la construcción de 6 las Centrales Hidroeléctricas para la producción de energía: Guatapé (EPM, 560 MW/año), Playas (EPM, 201 MW/año), San Carlos (Isagen, 1.240 MW/año), Calderas (Isagén, 26 MW/año) y Jaguas (Isagén, 170 MV/año). En conjunto se generan 2.197 MW/año, que representa el 23% de la generación total de energía del país. 

Actualmente, 30 proyectos cuentan con el aval del estudio ambiental de la entidad Cornare en todo el Oriente, pero 7 están en operación. “Después de que se licita el proyecto, el inversionista tendrá que identificar la factibilidad, si es sostenible económicamente o no.  Todas las solicitudes actualmente en temas de PCH´s, presentan estudios de impacto ambiental con rigurosidad técnica y científica”, manifiesta Oladier Ramírez, Secretario General de Cornare. 

A continuación dos tablas con los 30 proyectos hidroeléctricos que han recibido aprobación de estudio de licencia ambiental, (no todas están en ejecución). 

 

N° de PCH Municipio  Nombre PCH
2 Alejandría  PCH Alejandría, PCH Nare
4 Abejorral PCH Aures I, PCH Aures Bajo I, PCH Yeguas, PCH El Buey
2 Argelia  PCH Paloma III, PCH Paloma IV
3 Cocorná  PCH El Molino, PCH San Matías, Central Hidroeléctrica Santo Domingo 
1 El Carmen de Viboral PCH Cocorná I
2 Granada PCH Tafetanes, PCH Granada
1 La Unión PCH Chilsa
1 Marinilla  Hidroeléctrica Alto Porce
2 San Carlos  Hidronare, PH Palagua 
1 San Luis  Central Hidroeléctrica San Miguel
2 Santo Domingo PCH El Limón, El Trapiche
5 Sonsón PCH Alfaguara, PCH Siraguas Alto, PCH Siraguas Bajo, Central Hidroeléctrica Sonsón II, PCH Argelia I 

 

4 proyectos hidroeléctricos en estudio de impacto ambiental en el Oriente 

PCH Municipio  Estado 
PCH Churimo San Rafael En trámite de Licencia Ambiental
PCH Argelia II Argelia En trámite de Licencia Ambiental
PCH Aures Bajo II Sonsón En trámite de Licencia Ambiental
PCH Peñoles San Rafael En construcción el Estudio de Impacto Ambiental

 

Estudio PCH Churimo 

De las 4 proyectos hidroeléctricos que están en trámite de Licencia Ambiental, en el caso de la PCH  el Churimo impactaría las quebradas Falditas y Quebradona en el municipio de San Rafeal. Se aprovecharán aproximadamente 452,95 m de saldo bruto con un caudal de diseño de 1,25 m3/s y una potencia de generación estimada de 4,5 MW en transformador, lo que aumentará en un 0,2% el potencial generador de la región. 

Por lo general se realiza desviación de las cuencas hídricas, lo que disminuye el caudal y afecta las dinámicas ambientales existentes en los ecosistemas. En este mismo sentido, para el estudio de este proyecto, se realizó una Audiencia Pública Ambiental el pasado 4 de marzo de 2021. 

“Las comunidades manifestaron con su inconformidad y otras están a favor del proyecto”, expresó el funcionario de Cornare, además añade que, “uno de los componentes que se evalúa son el tema ambiental y el social, cuando se radica una solicitud de licenciamiento para un proyecto, el componente más crítico es el social, hay comunidades que fueron golpeadas por la violencia del conflicto armado y dentro de los requisitos que se exige en su reparación y no revictimización. Y más un territorio que está dedicado inicialmente a un tema de agricultura, ganadería y otros”. 

En Audiencia Pública Ambiental, la comunidad expresó su su sentir al expresar que, a pesar de no estar dadas las condiciones para poder desarrollarse a plenitud y en claro desconocimiento de la Sentencia T-236 de la Corte Constitucional en 2017. Además, manifiestan que, a pesar de las diferentes instancias, la Veeduría Socio-Ambiental de San Rafael, el Colectivo Somos del Río y varias personas a título personal han solicitado que exista un punto de conectividad y participación para todos. Sin embargo, dicen que, evidenciaron que vulnerando la imparcialidad del órgano de control del proceso, porque salió en defensa del proyecto con el argumento de que traerá beneficios a la comunidad. 

De otro lado, el funcionario de Cornare, Oladier Ramírez indicó – en medio de la entrevista que se realizó para esta investigación – que, “invita a las comunidades para que participen y se involucren en la verificación y cumplimiento de las condiciones que puedan llegar a establecer la autoridad ambiental”.  

Es necesario aclarar que cualquier discusión que se vaya a realizar de las PCH´s, se debe evaluar la pertinencia de llevarlas a cabo o no, debería de empezar por la necesidad de la demanda de energía que se tiene y cómo se está supliendo a nivel nacional y cuándo esto sucede, se puede observar la problemática que hay con respecto a este tema, porque se evidencia cual es la falta que se está supliendo. 

De otro lado, la comunidad expresa no sentirse segura  y vulnerada al tener este tipo de proyecto en su región, por falta de garantías y en un sistema que instrumentaliza los recursos naturales de la región. 

Conflictos 

Las PCH toman fuerza en los años 90’ debido a que el país necesitaba incrementar su producción eléctrica. Para la época las PCH eran consideradas como una buena opción, y en Antioquia, en las subregiones del Norte y el Oriente por la riqueza de afluentes hídricos, fueron pensadas y planeadas donde se podía suplir las necesidades del Gobierno.

En este mismo sentido, el Gobierno y Cornare expresan que, las formas alternativas de producción de energía, se convierten en las PCH´s, porque cuidan los entornos, ecosistemas, las fuentes hídricas y esto no genera un gran impacto ambiental. 

“Hay unas metas del Gobierno Nacional y al revisar quienes aprobaron esos proyectos de Ley, se evidencia que en su mayoría son respaldados por los grupos políticos e incluido aquellos que dicen ser del sector verde. Lo que está promoviendo el Gobierno, es un tema de mejoramiento a las condiciones climáticas y mitigar las emisiones de gases efecto invernadero, que en últimas terminan relacionado directamente con el territorio”, expresa Oladier Ramírez Gómez – Secretario General de Cornare. 

“Nosotros nosotros no creemos que las PCH´s sea un problema, porque somos conscientes de la demanda energética del País, pero el abuso excesivo y desproporcionado para la región sí, y más que el Departamento  tiene la capacidad instalada para producir aproximadamente el 23 % de energía total del pías”, expresa Valentina Londoño, líder social del colectivo Somos del Río de San Rafael. 

La ejecución de estos proyectos hidroeléctros se convierten en un abanico de discusiones por las empresas licitantes y la comunidad, por el cambio de las dinámicas sociales, culturales, ambientales y turísticas donde tendrán incidencia. 

Archivado el Proyecto Hidroeléctrico Cocorná III

Los conflictos sociales, son los principales de interés colectivo, porque afectan un territorio, comunidades, culturas e identidades. Como lo que sucedió con el proyecto hidroeléctrico Cocorná III, la resistencia de las personas y la falta de entrega oportuna de información por parte de la empresa licitante hizo que se diera su archivo.

“El Colectivo Cocorná Consciente empezó a realizar seguimiento a la PCH de Cocorná III antes de la audiencia pública celebrada el 23 de julio de 2021. El hizo presión para que no se diera, hasta el punto que Cornare tuvo que realizar unos requerimientos a la empresa licitante y esta lo que hizo, fue dilatar el proceso y permitió recibir los requerimientos a los dos o tres meses fuera de los terminos establecidos, cuando tenía solo un mes para ello”, manifiesta Migel Gutiérrez líder activo del colectivo Somos del Rio en el municipio de San Rafael. 

Por esta razón, la comunidad realizó un requerimiento ante la ANLA – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – para confirmar la información en temas de requisitos y tiempos establecidos entre Cornare y la empresa licitante. La ANLA falló a favor de la comunidad, afirmando que se debía archivar la PCH Cocorná III, porque no cumplía con los requerimientos legales en los tiempos establecidos. 

“Entendemos la preocupación de la comunidad, y les damos la tranquilidad a los ciudadanos del ejercicio que se viene realizando, se hace con toda la rigurosidad técnica al momento de evaluar estas solicitudes”, expresa el Secretario General de Cornare. 

Además mencionan que en el caso específico del proyecto Cocorná III, por ejemplo: la empresa licitante no cumplió con las condiciones que establecen los términos de referencia exigidos por el Gobierno Nacional, la decisión final es el archivo y eso fue lo que sucedió.  

“El rol de Cornare, las comunidades creen que únicamente de proteger y conservar  los ecosistemas, pero nosotros como autoridad ambiental, vamos revisar y analizar cuáles son las zonas y las especies afectadas, y establecemos obligaciones para que se compense el daño, donde se realiza monitoreos de evaluación de los proyectos y se garantiza la sostenibilidad, medio ambiente y economía”, dice Oladier. 

De otro lado, el líder Miguel cuestiona que, “¿Cornare realmente está funcionando como una CAR para dar licencias ambientales específicas que cuiden los ecosistemas o está funcionando como una notaría pública?”. 

Una de las condiciones que llevaron a tomar la decisión, obedecen a que la información que se solicitó relacionada con especies en la zona, en el impacto  y la geología, no se cumplieron para tomar una decisión de aprobación y que determinará, si iba a ser ambiental, social y económicamente sostenible. 

Víctimas del conflicto armado

La época de agudización del conflicto armado interno colombiano se dio con mayor fuerza a finales del siglo XX e inicios del XXI. Temporalidad donde las PCH´s también tomaron importancia para suplir la demanda energética del País.  Con la llegada de estos grupos ilegales, comienzan los desplazamientos de las comunidades de su territorio. 

Cuando se calma la violencia, las personas afectadas llegan a reclamar ante la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras sus propiedades, y con la intervención de estos proyectos hidroeléctricos lleva a estas comunidades a estar nuevamente en vulnerabilidad por sus condiciones económicas, sociales y culturales. 

Flor Gallego líder activista de la región y afectada de manera directa por la violencia, se pregunta “entonces las garantías que hay en la ley 1448 de no repetición, ¿para quiénes son?, ¿para qué son?, ¿dónde es que se aplican?, ¿es qué eso no es general para las víctimas que estamos en este territorio?”.

A esto responde el Secretario General de Cornare, Oladier Remirez, “A las empresas licitantes les exigimos que incorporen este componente, para que no vayan a revictimizar a las comunidades, donde se establezcan planes de manejos y acciones para que no se altere el componente social que hay en el territorio”. 

Condiciones que manifiesta la comunidad sentirse nuevamente vulnerable, a darse un posible desplazamiento sin contar con las garantías claras al ejecutarse los proyectos, al impactar no solo sus condiciones socioculturales, sino también los ecosistemas. 

Afectaciones 

  • En los planes de construcción de las PCH´s, se contemplan inversiones dedicadas a

las comunidades, que tratan de beneficiar a la población aledaña al proyecto. Entre las retribuciones más comunes se encuentran la construcción de vías, de escuelas, de placas polideportivas, capacitaciones en temas ambientales y actividades económicas, entre otras.

  • Se hace una intervención drástica de un cuerpo de agua. 
  • Una parte del afluente corre más lento, lo que causa a su vez, un proceso de eutrofización, que es la pérdida de oxígeno, y cuando esto pasa, hay mayor crecimiento de algas, las especies van a morir o emigrar, hay pérdida de biodiversidad y decantación de sólidos.
  • La pérdida de caudales en nacimientos y quebradas.
  • Es posible que en San Rafael, la empresa Gen+ construya la PCH Churimo, en un río que cruza por tres veredas en donde 23 familias están esperando que la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
  • Las Corporaciones Autónomas Regionales los proyectos hidroenergéticos asumen un costo de oportunidad sobre un proceso acumulativo de rentas del sector eléctrico en detrimento de los recursos naturales de las regiones

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