Medida de aseguramiento contra el Gobernador de Antioquia

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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del Gobernador de Antioquia Anibal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007.

El proceso judicial en el que está inmerso Aníbal Gaviria corresponde a la ley 600, pues los hechos se habrían cometido entre 2004 y 2007, cuando él ocupó su primer periodo en la Gobernación. En ese lapso, según la Fiscalía, “incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.

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Las evidencias en manos de los investigadores darían cuenta de que en un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), firmado en 2005 por 41 mil 663 millones 432 mil 778 pesos, “se pactó inicialmente un anticipo del 25 por ciento y luego se amplió al 29, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”.

La modificación en el contrato fue considerada por los investigadores como un desconocimiento en requisitos legales esenciales, “como los principios de planeación y transparencia”. También, pudieron constatar que el millonario anticipo “fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos”. Además, evidenciaron dos adiciones al contrato inicial, “que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública”. La primera cercana a los 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal.

La otra, mediante un otro sí, que se firmó cuatro días antes de finalizar el primer periodo de Gaviria en la Gobernación; el documento contemplaba la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre. Este otro sí por más de 16 mil millones de pesos “debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original”, consideró la Fiscalía.

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La Fiscalía consideró que aunque Gaviria hubiese delegado la función de contratar en una tercera persona, era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y “debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”.

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